Ocupación de espacios públicos, un problema ancestral que viola los derechos ciudadanos

Si las alcaldías de Distrito Nacional y de otras ciudades se dedicaran a cobrar a comerciantes, padres de familia e instituciones por el tiempo y uso de los espacios públicos, no habría necesidad de aplicar el artículo 3 de la Ley 166-03 que establece el monto de los ingresos que deben percibir por la Ley de Presupuesto General del Estado.

Si se respetaran los espacios públicos mucha gente no estaría hoy enterrada o con lesiones permanente por tener que caminar obligatoriamente por espacios dedicados a los automóviles debido a que el suyo ha sido tomado por personas con intereses particulares.

Durante años las calles, aceras y avenidas han sido espacios para hacer negocios, para vender productos y artículos desde té, café, freidurías, puestos de empanadas, food truck, ropas, zapatos, canchas y productos agropecuarios hasta la instalación de talleres de mecánica, de reparación de electrodomésticos y mesas de restaurantes y ninguno paga por esos espacios, prohibidos por ley para esos fines.

Las víctimas: peatones o transeúntes, se ven obligados a usar las calles para caminar porque las aceras destinas para su tránsito están ocupadas, con el riesgo de ser embestido por algún vehículo, como ha ocurrido en ocasiones, o accidentarse fracturándose parte del cuerpo sin ninguna consecuencia legal para los violadores de esos espacios.

Marcos Barinas es un urbanista preocupado por el tema y de entrada explica la diferencia entre el bien común y el espacio púbico. El primero lo define como el espacio que debe ser normado por parámetros legales, educativos y culturales sobre lo que es de todos, mientras que el espacio público requiere de una normativa específica que establezca la existencia necesaria de esos espacios con relación al tamaño de la población, que regula el uso de lo que pertenece a todos.

“Nosotros no tenemos un respeto adecuado a lo que nos pertenece a todos, eso es algo que lo vivimos todos los días en un condominio, en un barrio cuando lo que les pertenece a todos en los barrios, en la ciudad y en el país, y eso se expresa en el espacio público, cuando te das cuentas de que las aceras se utilizan como espacios privados, yo elevo el pavimento que tiene la acera y nadie se preocupa por entender que ese espacio que es de todos requiere una normativa para todos”, cuenta Barinas.

Frank Díaz es el director de Espacios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, y afirma que se han encontrado con ciudadanos, comerciantes informales y formales que se han apropiado de esos lugares generando grandes problemas en ese sentido, aunque sectorizados.

Plantea dos escenarios: uno el que se observa en las circunscripciones 2 y 3, donde comerciantes informales, muchos haitianos, que instalan negocios en las aceras y en porciones de las calles, mientras que en la circunscripción 1 el mayor problema es con los constructores, que se apropian de espacios que le pertenecen a la ciudad.

“Ya hemos realizado los encuentros necesarios con los constructores organizados para nosotros poder buscar la vía de avenencia y hemos recibido mucha reciprocidad, pero también muchas quejas de los ciudadanos, es bueno resaltar que la sociedad debe entender que el ciudadano está empoderado, que como dice la plataforma de nosotros, Cuida tu Ciudad”.

El urbanista Marcos Barinas coincide con la visión del funcionario edilicio, pero entiende que los vendedores informales, los que venden en triciclos o tienen un puesto de empanadas, de fruta o cualquier otro producto en alguna acera no lo hacen de manera permanente, sino en parte del día, en cambio, los constructores y desarrolladores ocupan los espacios públicos de manera permanente, conscientes de lo que hacen y ahí culpa a las alcaldías por la falta de autoridad.

“Hemos llegado a esta situación, una por el desinterés de las autoridades, el irrespeto a leyes más básicas, por la avaricia del sector inmobiliario y la apatía de los ayuntamientos hacia la defensa del espacio público. Uno tiene que decir que los ayuntamientos no reciben los recursos para poner las cosas adecuadamente, pero mira, cumplir las normas más elementales de acera es increíblemente básico, no requiere de grandes inversiones, sino de voluntad”, afirma Barinas.

Deplora lo que han hecho constructores en el polígono central que desde siempre han violado las normas que regulan las aceras en el lugar porque originalmente esos espacios debían tener cinco metros de ancho y el sector inmobiliario ha construido dejando esos espacios para parqueos , en franca violación a las normas establecidas, pero además muchos han cambiado la composición de las aceras y colocan todo tipo de material rompiendo la uniformidad de esas vías, elevando las entradas de los sótanos de los edificios y de otras maneras.

Frank Díaz es consciente de esa realidad y asegura que se trabaja para aplicar las normas. Sin embargo, uno de los temas que más preocupan es el caos en la avenida Duarte con París y la calle José Martí, de la que dijo, la alcaldesa Carolina Mejía está muy interesada en darle continuidad a un proyecto que en ese sentido inició la administración que le antecedió y que la pandemia del coronavirus no permitió que continuara.

“Ahí en la José Martí, tenemos un proyecto sumamente interesante, que la alcaldesa nos ha apoderado, a través de la Secretaria General que dirige Hugo Beras, y ahí tenemos un plan que debe estar listo para entregar el piloto que incluye la recuperación de la José Martí, vamos a ir por partes para que sirva como efecto de demostración de lo que haremos en el paseo Duarte”, aseguró el director de espacios públicos de la Alcaldía.

José Antonio Méndez es el presidente de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional y es uno de los comerciantes de la calle París, que fue a Ecuador a ver lo que se hizo con vendedores ambulantes como el invitado por el entonces alcalde David Collado.

De allá vino entusiasmado junto a algunos de sus compañeros y dice estar dispuesto a contribuir para hacer de ese caótico lugar un espacio organizado que no solo beneficie a los ciudadanos respetando su derecho al libre tránsito, sino que, además, puedan ganarse la vida de una manera más organizada y segura.

Explica que tanto él como sus compañeros no quisieran ocupar los espacios públicos, pero que el problema se ha agravado tanto a través de los años que ahora es más difícil de resolver, aunque confió en que habrá una solución definitiva como han prometido las autoridades municipales.

“Aunque yo soy parte de ese desorden que existe en la ciudad, entiendo que las autoridades han perdido el control y a cualquier persona se le permite poner una caseta y ya que la persona está ahí, hay problema, yo creo que debía haber un compromiso tanto de las autoridades como de las juntas de vecinos para que se preserven los espacios públicos, que no se obstaculice el tránsito de vehículos ni al peatón”.

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