Tribunal Constitucional deja en fallo acciones contra Seguridad Social y naturalización de extranjeros

El Tribunal Constitucional (TC) dejó en estado de fallo este martes una acción de inconstitucionalidad de la Fundación Global Justicia Social (FUNGLOJUSO) en la que demanda que se declare no conforme con la constitución el artículo 4 de la Ley 87-01, que crea el Sistema de la Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Entre los motivos para solicitar que sea suprimido ese artículo de la ley, establecen que es violatorio de los derechos fundamentales de los trabajadores dominicanos y de más de cuatro millones de afiliados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Rigoberto Saldivar, presidente de la Fundación, expresó que en ese artículo se les impide a los trabajadores el derecho de transferirse a otra entidad, si así lo desea, y evita que puedan tener la plena libertad de trasladarse a otra AFP sin tener como requisito las seis cotizaciones que ordena la Ley 87-01.

“Solicitamos declarar inconstitucional el artículo cuatro de la Ley 87-01, que crea el Sistema de la Seguridad Social, por ser contrario al artículo 47 de la Constitución… además, de suprimir ese artículo en todas sus partes, porque perjudica a los trabajadores dominicanos en cuanto al derecho de no poder transferirse a otra entidad administrativa de Fondos de Pensiones, sino cumple con los requisitos obligatorios que establece el artículo 4 de la ley, violentando derechos fundamentales como los de libre asociación”, concluyó Rigoberto Saldivar.

Los representantes del Senado y la Cámara de Diputados concluyeron solicitando a los jueces del Tribunal Constitucional que rechace la acción directa de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional también dejó en estado de fallo otros dos expedientes, entre ellos, dos acciones directas de inconstitucionalidad en contra del decreto número 260-20 de fecha 16 de julio de este año, mediante el cual el Poder Ejecutivo naturalizó como dominicanos a 750 personas que fueron afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cual definió los criterios para adquirir la nacionalidad.

El accionante en este caso fue el abogado Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien en sus conclusiones solicitó declarar inconstitucional el decreto por violar el artículo 8 de la Constitución (funciones del Estado); el artículo 19 (naturalización); artículo 25 (régimen de extranjería), entre otros.

Se recuerda que mediante el decreto 262-20, el entonces presidente Danilo Medina concedió el beneficio de la nacionalidad dominicana a solo a 750 de las más de 8,700 afectados por la sentencia 168-13.

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