Ahora la Corte deberá pronunciarse sobre la cuestión de fondo y enviar un mensaje claro a la sociedad

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (Nicolás Aboaf)
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (Nicolás Aboaf)

La reciente sentencia de nuestro máximo tribunal podría explicarse desde un punto de vista futbolístico: la admisibilidad del recurso extraordinario por salto de instancia es la finalización del primer tiempo; ahora queda una segunda etapa, donde los supremos deberán finalizar el partido y resolver la cuestión de fondo.

En este sentido y, más allá de toda especulación previa, es importante resaltar la unanimidad de la resolución, donde los cinco ministros de la Corte aceptaron que están reunidos los parámetros establecidos en el Código Procesal como “el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.

Para ello, con claridad meridiana observan que “a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procurar los actores, privándolos de un acceso efectivo a justicia”, entendiendo que la celeridad en la toma de decisiones de los órganos políticos podría dejar trunco el derecho al que todos los habitantes gozan, el acceso a la justicia y la tutela efectiva, ambos derechos marcados a fuego en los artículos 18 y 43 del texto fundamental, profundizándose a partir de 1994 con la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y para ser más específicos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La situación actual conlleva una gravedad institucional inusitada: nadie puede objetar la atribución del Senado de la Nación (artículo 99 inciso 4 de la Constitución), donde éste hace uso de su competencia y allí culmina el proceso de designación de jueces, ponderando la conveniencia y oportunidad para llevar a cabo tales nombramientos. En este punto es claro que el sistema de “traslados”, “subrogancias” y todo procedimiento que no cumpla con lo establecido en el proceso de designación de magistrados del texto fundamental es un “sistema que esta marcada por la excepcionalidad”. La misma Corte Suprema lo ratifica en los fallos “Rosza” y “Uriarte”, y lo deja claramente expresado en la Acordada 7/18 “…que en ningún caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados, con el consecuente riesgo de generalizar la permanencia en el cargo de jueces que no cumplieron con el procedimiento constitucional exigido” (Considerando IX).

Pero, una coyuntura política, o las necesidades de la necesidad de la política no puede resquebrajar el “afianzar la justicia” de nuestro Preámbulo, Segundo V. Linares Quintana nos decía que “comporta la introducción, el exordio o el prólogo, en donde los Constituyentes declaran, en forma sintética a la vez que sistemática, los grandes fines, principios y propósitos de la Ley Fundamental y fundacional del Estado constitucional argentino, explicitando la esencia, el alma o el espíritu; que es decir, la fórmula política de aquélla”.

Cuando Joaquín V. González hablaba sobre el Poder Judicial y la importancia de su creación nos decía que era aquel poder “que la Constitución ha creado para hacer efectivos los derechos y garantías de justicia, y que tiene en la ciencia y en la práctica del Gobierno una importancia esencial. Ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su justicia”. Ahora queda la segunda etapa, donde la Corte Suprema deberá pronunciarse definitivamente sobre la cuestión de fondo y definitivamente enviar un mensaje claro a toda la sociedad, donde todos los poderes del Estado deben actuar con madurez, y con responsabilidad para encontrar las mejores soluciones a la grave situación que vive la república.

El autor es abogado constitucionalista

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