Teletrabajo en el ámbito estatal: ¿oportunidad de mejora o solución provisoria?

Teletrabajo (Foto: Pixabay)
Teletrabajo (Foto: Pixabay)

Sector público, trámites, expedientes, papeles, turnos. Cada una de esas palabras remiten a una realidad previa a la pandemia en la que nos encontramos. Todas ellas implican grandes inversiones de tiempo y parecen estar reñidas con la digitalización y la tecnología.

Este año, el coronavirus pateó el tablero de la vida cotidiana en todo el mundo y Argentina no estuvo exenta. Pero ¿qué sucede específicamente en el ámbito estatal? ¿Cómo se ajusta el trabajo cotidiano a estos nuevos tiempos de pandemia? Tal vez la respuesta esté en lo que se conoce como teletrabajo ¿Puede el Estado funcionar con esta modalidad? En teoría, y si se cuentan con los medios tecnológicos, todo indica que sí. Pero, ¿puede realmente el sector público cumplir con sus objetivos si su personal se encuentra trabajando desde la casa?

El contexto de aislamiento vino a acelerar un proceso que se venía gestando lentamente desde hace algunos años: la necesidad de digitalizar todos los trámites y comunicaciones que sean posibles dentro de la administración pública y poder establecer mecanismos de trabajo a distancia que no sobre exijan a las ya cargadas y sobrepobladas oficinas públicas. Todo esto, con un mismo fin: ayudar y simplificar la vida del (la) ciudadano(a) y también, lograr un mejor manejo de los recursos públicos.

El coronavirus ha puesto a la administración pública, en sus distintos niveles, al límite de sus capacidades. Esto puede justificarse y es entendible, toda vez que, a la demanda habitual que tiene cualquier organismo, se suma aquella derivada de la pandemia y sus consecuencias. Y si bien puede ser objeto de crítica, también cabe entenderlo desde la mirada de un hecho inesperado y que presenta nuevos retos. Y aquí surge la pregunta: ¿es posible migrar hacia una modalidad mixta o total en la que los organismos del Estado puedan realizar sus tareas de manera remota?

El caso concreto de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires puede ser elocuente. Esta institución, contemplada en la Constitución provincial, es el órgano encargado de la defensa del patrimonio de las y los bonaerenses y de la representación de la Provincia en juicios. Tras un estudio del cual participaron más de 500 agentes del organismo, distribuidos a lo largo y ancho de toda la provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los resultados arrojados permiten vislumbrar un futuro posible.

Las y los trabajadores encuestados valoraron en un 85% de los casos como muy buena o buena su experiencia laboral durante la pandemia. Incluso, el 61% indicó que el trabajo a distancia podría ser efectivo para el desarrollo de las actividades, intercambiando instancias presenciales y remotas de aquí en adelante.

Esta visión se complementa con la buena evaluación que realizó el propio fiscal de Estado, Hernán Gómez, sobre los resultados del trabajo del organismo durante el Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO). El rendimiento del personal estuvo -y continúa estando- a la altura de los requerimientos, con un desempeño acorde a las funciones de cada uno de los puestos de trabajo, enmarcado en un contexto excepcional como el que estamos atravesando. Por un lado, se atiende en tiempo y forma al control de legalidad de los actos de gobierno del Poder Ejecutivo Provincial; cuya demanda se incrementó sensiblemente debido a las acciones derivadas de la situación de pandemia. Por el otro, se han ejercido de manera ininterrumpida y de acuerdo a los estándares de calidad todas las representaciones en juicio frente al Poder Judicial, en la medida en que éste ha ido habilitando mecanismos de funcionamiento.

Así, con una dotación presencial mínima, el organismo -que se encuentra celebrando su 130 aniversario este año- ha continuado ejerciendo su mandato constitucional de defensa del interés fiscal.

Si bien las condiciones de aislamiento y distanciamiento social aceleraron los tiempos, sin duda esta transformación no podría haberse alcanzado si no se hubiera puesto en marcha, en 2016, el Plan Estratégico (2016-2020), el cual se propuso implementar mejoras en los procesos, digitalizar el trabajo interno y capacitar a su personal en el uso de diversas herramientas informáticas para mejorar sus labores y acelerar los tiempos de respuesta.

Esta digitalización de los circuitos internos, sumada a la alta cualificación del personal profesional -alrededor del 60% de los miembros del organismo son graduados y posgraduados universitarios y, de los y las entrevistadas más del 70% lo son- y la fuerte inversión en recursos informáticos, explican cabalmente la mejora en las capacidades del organismo.

Esto queda evidenciado en que el 89% del personal manifestó que continúa realizando las mismas tareas que habitualmente desarrollan en sus lugares de trabajo o con algunas adaptaciones en el hogar; aspecto que da cuenta de que los procesos pudieron replicarse sin interrupciones.

El teletrabajo aparece, así, como un desafío que está dando frutos, que presenta una oportunidad para fortalecer el sector público pero, como contracara, desnuda también las inequidades existentes en materia de género.

La diferencia entre los géneros es relevante. Si bien el contexto significó un reto tanto para varones como para mujeres -especialmente quienes conviven con niños, niñas y/o adolescentes- la importancia de evaluar la sobrecarga implica dar cuenta que, en el caso de las mujeres, han podido combinar las actividades laborales y del hogar con alguna dificultad en el 57,1% de estos casos y en un 65,2% con mucha dificultad, con una diferencia porcentual de 30,4% en este grupo entre mujeres y varones.

Estos resultados, que para muchos pueden significar solo números, exponen las brechas de género que se mantienen actualmente en una cultura en proceso de deconstrucción. No puede omitirse que, en el marco de este proceso, todavía se le sigue asignando a la mujer la responsabilidad de llevar a cabo las tareas del hogar, lo que dificulta aún más la realización de tareas laborales en un contexto de pleno cambio tecnológico.

Esta brecha es uno de los principales desafíos a afrontar en el binomio teletrabajo-presencialidad para lograr una organización laboral del organismo más eficiente y que se ajuste a los estándares que la mayoría de la sociedad reclama. Pero también este trabajo a distancia nos brindó -y lo sigue haciendo- diferentes aprendizajes, entre los que se destacan el compromiso de los y las agentes, el profesionalismo y la responsabilidad con la tarea; la adaptabilidad y flexibilidad de los equipos de trabajo y los lazos de compañerismo, aspectos que posibilitaron el cumplimiento de plazos y la continuidad de las actividades sustantivas.

Sin duda, el teletrabajo se presenta como una oportunidad para potenciar las capacidades del Estado en dar respuesta a las demandas cada vez más altas de la ciudadanía. Se vuelve una herramienta clave en toda gestión que, en estos extraños y atípicos tiempos que corren, pretenda erigirse como de calidad.

El recorrido está plagado de desafíos y tareas pendientes, es verdad. Pero también es cierto que, con una decisión política concreta, sobre la base de una planificación estratégica, se puede andar un nuevo camino, profundizando y superando los retos que el nuevo mundo post pandemia nos dejará.

La autora es politóloga, subsecretaria de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires

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